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“Comprobamos cómo la denuncia del Fiscal Provincial sobre la licencia de los diez chalet aumenta en complejidad pese a que el PP aseguró a IU en 2011 que era todo legal”

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha realizado hoy una pregunta en el pleno al equipo de Gobierno, a través del concejal Juan Pablo Yakubiuk, quien se ha referido al decreto del fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en respuesta a la asociación AMAyT, “que vincula directamente su denuncia con algo que ya desde IU venimos denunciando desde hace tiempo: las irregularidades en la recalificación de una manzana en La Fabriquilla, que fue anulada en 2012 por el TSJA”.

IU recuerda que se modificó el Plan Parcial de la UE-109 de El Parador (La Fabriquilla), para recalificar como residencial una manzana comercial. Esta recalificación se realizó a costa de zonas verdes públicas.
“Ahora el fiscal, a través de su decreto, traslada la denuncia de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) acerca de una supuesta trama de corrupción, al juzgado de Roquetas que está investigando una causa , según el Fiscal por los mismos hechos denunciado, sobre el tema de la Fabriquilla”, argumenta IU.

Para el grupo municipal “esto nos parece muy grave, ya que cuando hemos solicitado explicaciones al equipo de Gobierno del PP en Roquetas, que dirige Gabriel Amat, nos respondían que todo era correcto. En respuestas a las preguntas que realizó Izquierda Unida en pleno sobre el posible otorgamiento de las licencias de primera ocupación de los diez chalets construidos sobre la manzana recalificada, desde el equipo de gobierno del PP se manifestó que la situación era de perfecta legalidad.

Hay que recordar que ya este grupo municipal pidió hace un año la dimisión de Amat y de la teniente de alcalde, Eloísa Cabrera, por estos desmanes urbanísticos, por ser los máximos responsables de la recalificación y otorgamiento de las licencias en la UE-109, que hoy deriva en una causa penal, y por defender la legalidad de un procedimiento e incoar su intento de regularización con una innovación al Plan General de Ordenación Urbanística vigente”.

IU lamenta que las respuestas dadas hoy por Gabriel Amat no hayan despejado las dudas sobre qué consecuencias y alcance tienen para el Ayuntamiento, al día de hoy, estas investigaciones sobre su persona y su gestión. Desde IU creen dada la coincidencia de denuncias y traslados de las mismas a unas únicas Diligencias que “podríamos estar ante un tema de gran calado penal en la gestión urbanística municipal”.


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