El Grupo Municipal considera que este recurso va contra los derechos de miles de familias roqueteras en riesgo de exclusión por las ejecuciones hipotecarias. Roquetas ocupa el primer puesto en porcentaje de viviendas vacías de toda España y este decreto incentivaría su puesta en alquiler
El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar presentará una moción para ser debatida en pleno del próximo jueves para manifestar su rechazo al recurso ante el Tribunal Constitucional presentado por el PP de Mariano Rajoy contra el Decreto Ley Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, aprobado por la Junta de Andalucía.
La formación considera que este recurso «es una afrenta y un ataque a los derechos de miles de familias roqueteras que tienen en este decreto una herramienta para evitar ser expulsados de sus viviendas, al menos por tres años, ante una ejecución hipotecaria llevada a cabo por las entidades bancarias». Además, agregan, el Gobierno anuncia un recurso sin clarificar cuáles son los aspectos objeto del mismo ni las causas en que el mismo se sustenta.
Roquetas de Mar no es ajena al fenómeno del elevado número de primeras viviendas, de uso familiar, con cargas hipotecarias, por lo que la elevación de este rechazo al pleno municipal está más que justificado. “Esperamos que todos los grupos municipales se sumen a este “NO” rotundo a esta nueva agresión de Rajoy al pueblo andaluz”, manifiesta Ricardo Fernández, portavoz del grupo de IU.
“Aunque Gabriel Amat, como buen promotor inmobiliario, con poderosos intereses inmobiliarios en su entorno familiar y más que fluidas relaciones con el sector financiero provincial, puede que no apoye este rechazo”, apuntan desde IU Roquetas.
Otro aspecto por el que oponerse a este recurso es que el decreto facilitará el alquiler de las miles de viviendas vacías con que cuenta Roquetas y que la sitúan en el primer lugar a nivel nacional en cuanto a porcentaje de las mismas. “Las viviendas vacías en Roquetas no solo son una paradoja mientras se echa a familias a la calle, sino que suponen un problema urbanístico de primer orden por el elevado número de edificios sin comunidad de propietarios, faltos de mantenimiento y con barrios fantasmas sin actividad alguna.”, declara Fernández.
“Este recurso, para finalizar, supone un ataque frontal a la autonomía y a la soberanía andaluzas con el único objetivo de defender los intereses de las entidades financieras. El Gobierno se pone al servicio del totalitarismo financiero, intentando dejar fuera de la legalidad las políticas alternativas al neoliberalismo. El artículo 33 de la Constitución española consagra la “función social” del derecho de propiedad, por lo que es recurso es completamente inadmisible y por ello entendemos que el Ayuntamiento debe pronunciarse en su contra”.
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