IU Roquetas reclama el período de alegaciones para los clasificados en Prioridad II y III del programa de empleo del decreto de exclusión social

La Junta local de Gobierno en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar del 23 de septiembre elevó elevado a definitiva la lista de admitidos al Programa de empleo con la clasificación de solicitudes, según prioridad, efectuadas por los Servicios Sociales municipales así como la exclusión de aspirantes que no cumplen los requisitos, en relación con el Real Decreto-Ley 7/2013 de 30 de Abril de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía.

Pero desde Izquierda Unida se quiere hacer una llamada de atención porque esto se ha realizado sin hacer constar en el acuerdo el necesario plazo de audiencia y alegaciones para los interesados, teniendo en cuenta que en este acuerdo se determinan valoraciones (agrupación por tipo de prioridad), aspecto no contemplado en el anterior periodo de alegaciones, donde solo se informó sobre criterios de inclusión o no (admisión) de dicho listado.

Por ello, este grupo municipal preguntará en el próximo pleno al equipo de Gobierno del PP cómo justifica esta falta de periodo de audiencia a los interesados para que puedan informarse sobre la baremación realizada por los servicios técnicos que ha producido su inclusión en un grupo u otro de prioridad.

Asimismo se pedirá que se detalle cómo pueden los solicitantes ejercer este derecho (recogido en el Art. 84,85 y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) a conocer las puntuaciones.

Todo ello “en aras de alcanzar una mayor transparencia en este procedimiento y que las personas que hayan sido descartadas conozcan los motivos, porque si se abre un periodo de alegaciones quizá puedan solventar algunas cuestiones y entrar en el cupo de admitidos”.

IU recalca que el anterior plazo de alegaciones versaba sólo sobre la cuestión de la inclusión o no en las listas, no en la valoración sobre la prioridad que se asignaría a cada solicitante según el informe de servicios sociales. “De esta manera los interesados se quedan sin poder consultar dicho informe y la baremación que los sitúa en una u otra prioridad, ya que solo los de la prioridad I son los que serán contratados.