IU pedirá el rechazo del Ayuntamiento de Roquetas al Anteproyecto de reforma del Código Penal que castiga la ayuda humanitaria a inmigrantes en situación administrativa irregular

Izquierda Unida de Roquetas de Mar ha presentado una moción para su debate en Pleno instando al Ayuntamiento de Roquetas de Mar a adherirse a la campaña nacional “Salvemos la hospitalidad” que trata de impedir la modificación del Código Penal en cuanto a que prestar ayuda a una persona inmigrante en situación administrativa irregular podría ser considerado delito.

La localidad de Roquetas de Mar es un ejemplo de convivencia de diversas culturas y miles de inmigrantes de diversas procedencias viven aquí, pero en los últimos meses se ha generado cierta alarma entre la población en situación irregular, así como en las personas y entidades sociales que mantienen cualquier vínculo con ellas, tras conocer que el Anteproyecto de reforma del Código Penal presentado por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, propone una nueva redacción del artículo 318.bis en la que se confunden, pudiendo inducir a error o a interpretaciones muy preocupantes, comportamientos delictivos como el tráfico de personas con actuaciones como el apoyo y la ayuda a personas inmigrantes en situación irregular fundamentada en razones humanitarias, solidarias o éticas.

Por ello desde Izquierda Unida se ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno en la que se solicita el rechazo de la Corporación municipal ante cualquier medida que suponga un obstáculo a la solidaridad con las personas inmigrantes y elevar este acuerdo al Gobierno de la Nación así como instar al Gobierno de la Nación a que el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contemplado en el artículo 318.bis del Anteproyecto de reforma del Código Penal, castigue exclusivamente las conductas relacionadas con el tráfico ilícito de personas, excluyendo expresamente del mismo aquellas actuaciones motivadas por razones de ayuda humanitaria y solidaria. IU propone además continuar trabajando en la línea desarrollada por el Ayuntamiento de promoción de convivencia en la ciudad, con independencia de cuál sea el origen, la nacionalidad o la situación administrativa de las personas que viven en nuestra ciudad.

El concejal Juan Pablo Yakubiuk, inmigrante de origen argentino, explica que la reforma recoge una pena de multa de tres a doce meses o prisión de seis meses a dos años a quien ayude a transitar a un extranjero. La normativa también prevé penas similares para las personas que, con ánimo de lucro, ayuden a los inmigrantes irregulares a “permanecer” en territorio comunitario”.

Yakubiuk matiza que Roquetas de Mar “es un municipio formado en gran parte por personas migrantes y debemos manifestar nuestro rechazo a esa reforma que presenta Gallardón, ya que además somos un municipio solidario y con esa reforma se penalizaría la ayuda humanitaria. También con esta nueva norma nos encontraríamos que algunas de las acciones y actividades llevadas a cabo por nuestro Ayuntamiento desde los Servicios Sociales y otras áreas del Ayuntamiento podrían ser constitutivas de delito, como por ejemplo, el facilitar el tránsito de una persona en situación irregular desde Roquetas de Mar a otra ciudad española para acudir al encuentro de sus familiares”.